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Apelaron la preventiva de dos sujetos imputados de varios hechos

Fue durante una audiencia presidida por el Juez Dr. Juan Manuel Oliva. Los defensores de Osvaldo Gallardo y Emiliano Cortez solicitaron la libertad de sus defendidos. El fiscal Loyola pidió que se ratifique lo actuado por la jueza Fortunato.


sucesos
viernes, 06 de octubre del 2017 | 04:00Hs

Foto: CASTELLANOS
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La audiencia de ayer fue presidida por el juez Juan Manuel Oliva.

(Por Nilo Peretto) En horas de la mañana de la víspera, en la Sala Nº 3 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de nuestra ciudad, se desarrolló una audiencia de apelación de prisión preventiva, la que fue presidida por el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Quinta Circunscripción Judicial, Dr. Juan Manuel Oliva. La misma había sido solicitada oportunamente por los abogados defensores de Osvaldo Gabriel Gallardo, alias "Tuli"; y Emiliano Marcos Cortéz, alias "Chino", los doctores Federico Scarinci y Claudio Torres Del Sel. Ambos fronterenses están acusados de Robo calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda; lesiones dolosas y abuso de arma, todo en concurso real ya que en su momento la Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Dra. Cristina Fortunato, había decretado la prisión preventiva para ambos.

 

La defensa

 

A su turno el Dr. Scarinci comenzó diciendo: En primer lugar mantenemos todos y cada uno de los argumentos vertidos en el escrito de apelación y vamos a focalizarnos en cada uno de los puntos de la resolución apelada. Para que se tenga una noción de los hechos tenemos que oportunamente Emiliano Cortéz y Osvaldo Gallardo fueron imputados de haber ingresado al domicilio del señor Marquese portando armas de fuego, amenazando a las personas que allí se encontraban y, en su retirada, haber efectuado un disparo de arma de fuego a Claudio Marquese. Nosotros ponemos en duda todas las cuestiones incriminantes que se colectaron a lo largo de la investigación y de la correcta lectura de todo, encontramos evidencias que ponen fuera de la escena al señor Gallardo y, en función de la metodología de la prueba colectada, cambia sustancialmente la calificación jurídico penal escogida por el órgano fiscal y que oportunamente la resolución de la jueza IPP hizo lugar. Entendemos que la evidencia colectada trasciende simplemente la manifestación de la víctima quien en reiteradas oportunidades ha modificado, ha montado sus declaraciones en condimentos que hacen a la esencia del delito que se le enrostra. En el domicilio presuntamente atacado se encontraban un señor de apellido Manzanelli; Claudio, Ariel y Matías Marquese. La particularidad es que cuando se inicia la investigación por parte de la prevención policial, en un primer momento Claudio Marquese se menciona que los sujetos ingresaron al domicilio y que la víctima recibió un disparo de arma de fuego, pero jamás en todo el relato se hace referencia al faltante o robo de dinero alguno, cuestión que Marquese trae a colación con posterioridad, señalando primero que le sustrajeron quince mil pesos que luego, a los días, se tranformaron en diecisiete mil pesos. Ese dinero era improbable que exista teniendo en cuenta que Marquese no desarrollaba ninguna actividad que le permitiera contar con esa suma. Más tarde, en una declaración posterior y particular, realizada ante un abogado que tiene su estudio en Frontera, Marquese reconoce que finalmente ese dinero fue encontrado y que en realidad nunca le faltó. Como no hay forma de demostrar que esa plata haya existido, podemos decir que en realidad el delito de Robo calificado nunca ocurrió y esa es la imputación más grave que pesa sobre nuestros defendidos.

 

El fiscal
Respecto de los agravios presentados por la defensa, y puntualmente sobre el Inc. I del Art. 219 del CPP, que habla de la participación criminal probable de los imputados en el hecho investigado, se refirió que la evidencia trasciende solamente en el relato de la víctima pero por lo que veo, existe un análisis parcial de las evidencias tratando de buscar incoherencias que entiendo no las hay. El defensor habló en un primer momento del informe del oficial de policía que inició la investigación. También pone como único relato creible el del señor Manzanelli que es alguien que fue sorprendido por los imputados cuando se retiraba de la casa de los Marquese, quien fue golpeado con un arma en la cabeza y perdió el conocimiento. Claro que Manzanelli puede aportar poco, si no vió lo que sucedió pero los dichos de este testigo coincide con un relato objetivo e integral de todas las circunstancias. Habló de cuatro personas que bajaron de un auto blanco; uno gordo de 1.70 metros aproximadamente; dos medio flacos altos; otro medio gordito, petiso y medio viejo; todos con armas, uno con una 9mm, otro un revólver y los restantes una Itaka cada uno. Estos datos fueron aportados por Claudio Marquese; por sus hermanos Matías y Ariel. Por eso digo no hagamos un análisis parcial de la evidencia, aclarando también que el estado procesal en que nos encontramos no requiere certezas sino probabilidad delictiva por parte de los imputados en el hecho investigado. También el defensor hizo hincapié en que Marquese no tenía una actividad lícita conocida y es algo que no tiene sustento porque no hay evidencia que así lo avale ya que en todas las entrevistas refirió que trabajaba como albañil. Además sostiene el defensor que no puede sostener el origen del dinero, como pretendiendo justificar que cada víctima de un robo tenga que justificar de dónde sacó la plata que le robaron. Aclaró Marquese ante la requisitoria que 15.000 de los 17.000 pesos estaban en billetes de quinientos pesos y los restantes dos mil en billetes de cien; que ese dinero se lo había dado Peralta -luego asesinado en un episodio que aún no está claro- por la venta de un inmueble. Por su parte Ariel Marquese también refirió que a él le robaron seiscientos pesos que tenía en su poder y ello puede llegar a ser motivo de una ampliación de imputativa para los encartados.
Tras su exposición el fiscal Loyola solicitó se mantenga la decisión de la magistrada de primera instancia para que los acusados sigan con prision preventiva.

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