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LO IMPUGNAN POR CONSIDERARLO INCONSTITUCIONAL

FESTRAM contra el proyecto de UCE


locales
lunes, 07 de agosto del 2017 | 04:00Hs

A través de una nota ingresada recientemente, la Federación de Sindicatos Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe manifestó su decisión de impugnar el proyecto de Ordenanza de creación de una Unidad de Control y Evaluación, presentado por los concejales de los dos bloques opositores. La misiva está firmada por el Secretario General de FESTRAM Claudio Leoni y el Secretario de Derechos Humanos Darío Cocco.
A su vez, solicitan al cuerpo legislativo local que se deseche el proyecto, y al Ejecutivo Municipal que de aprobarse la norma, "se ejerza la legítima facultad del veto, como salvaguarda de tutela a la clase obrera".
En la misiva, señalan que "el proyecto es inconstitucional y está certeramente dirigido a flexibilizar el sistema normativo del Sector Público Municipal", ya que a su criterio "subvierte a preceptos que sostienen el tejido laboral de los trabajadores municipales y se erige como un híbrido propio de las políticas neoliberales".

 

Régimen paralelo


Desde FESTRAM, consideran que el proyecto presenta una falla medular, porque crea un régimen paralelo con respecto al que ya tienen los trabajadores municipales. Consideran, a su vez, que el articulado del proyecto se "inmiscuye" en normas que ya están reguladas por la Ley provincial 9286, sobre el Estatuto y Escalafón del personal de Municipios y Comunas.
Según estaría establecido en el proyecto de UCE, los trabajadores terminarían teniendo un doble régimen disciplinario, uno establecido en el mencionado proyecto y otro en la Ley 9286.
A su vez, señalan que "en el ordenamiento jurídico santafesino, y puntualmente el conjunto de normas que configuran el tejido del Sector Público Municipal (SPM), existen núcleo duros de derechos que solamente pueden ser modificados para mejorar condiciones laborales, a través de la Legislatura Provincial o del Mecanismo Paritario de la Ley 9996. La vía legislativa o negocial son los mecanismos que corresponden para generar la discusión sobre los institutos del estatuto y escalafón".

 

Contra las leyes


Por otra parte, expresan que existe un cúmulo de normas que rigen el Sector Público Municipal y que por ello se rechazarán todas las iniciativas que modifiquen regresivamente las siguientes leyes provinciales: 9256 de Licencias, Justificaciones y Franquicias; 9286 de Estatuto y Escalafón; 9290 de Asignaciones Familiares; 9996 de Comisión Paritaria; y 12913 de Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Además, y según la CN, cada Municipio ejerce las competencias no reservadas a la Provincia o la Nación, criterio que consideran que es omitido por el proyecto de Ordenanza en discusión. 

 

Facultades invasivas


Asimismo, manifiestan que la UCE prevé un sistema de control para-municipal, ya que en los artículos 15, 16 y 17 del proyecto se establece un proceso de recepción de denuncias, dirigido a investigar a agentes por hechos ilícitos en ocasión de sus funciones. "Se investiga preliminarmente, de oficio por ante la UCE hechos que ‘pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en el manejo de los fondos por los funcionarios públicos", expresan. "Además de no establecerse que es una investigación preliminar, y cuáles son los mecanismos de derecho de defensa (de raigambre constitucional), no indica la separación mínima entre agente y funcionario, que es el punto de partida en cualquier legislación doméstica".
Por ello, señalan que se intenta crear un organismo con atribuciones de Fiscalía de Investigaciones para delitos tipificados en el Código Penal, arrogándose potestades propias de los fiscales del Ministerio Público de la

 

Acusación. 


Sobre el punto donde señalan que las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la UCE y sin que otra autoridad lo autorice, se entiende que se busca crear una fuerza municipal independiente de los fiscales designados por el estado provincial. 
A todo esto, le suman críticamente el capítulo sobre Juicio de Responsabilidad, donde remarcan que se confirma con preocupación el rigor autoritario y desconocedor del derecho que contiene el proyecto de UCE. "El sumario administrativo es instruido por el Departamento Ejecutivo Municipal", remarcan, a la vez que indican que tampoco se establece la forma de inicio de las actuaciones en cada caso. 
Por último, sostienen que el grado de invasión de poderes y por ello la inconstitucionalidad del proyecto queda expuesto en el artículo 41, cuando "se regula la fórmula que si la UCE entiende que existe un delito de acción pública, efectuará la denuncia ante la justicia ordinaria y comunicará el hecho al Fiscal Municipal y al Concejo. En dicha fórmula, hace una equivalencia de jerarquías entre el grado de participación del Ministerio Público de la Acusación (el único que puede actuar) y los órganos del Estado Municipal".

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