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EL CASO EPE-SANTA FE Y EL "COPIA Y PEGA" DE RAFAELA

Hacer números y atenerse a las consecuencias


locales
martes, 22 de mayo del 2018 | 04:00Hs

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La composición de la tarifa y los impuestos que se cargan, en una factura de un usuario residencial de la EPE.

Ponerle el cuerpo al tarifazo eléctrico con las arcas municipales tiene su precio. Lo empezará a pagar el intendente de Santa Fe, José Corral. Rápido para los mandados, el hombre fuerte del radicalismo en Cambiemos de la provincia respondió al pedido del presidente Mauricio Macri para que los municipios y provincias eliminen su propia carga tributaria de las facturas eléctricas, con el fin de aliviar la carga en el número final de las boletas sin tocar ni las arcas nacionales ni la caja de las corporaciones que participan del negocio de generación y transporte de la energía a nivel país. Apenas unas horas después de aquél pedido que había formulado Macri desde el yacimiento de Vaca Muerta, en un video que se viralizó rápidamente, Corral anunció que la ciudad de Santa Fe rompería el convenio que tenía firmado con la EPE –que maneja el opositor Frente Progresista Cívico y Social que gobierna la provincia-para cobrar el alumbrado público.
 En línea con esa posición, otro radical de Cambiemos, en este caso Leonardo Viotti, propuso lo mismo para Rafaela. Con una diferencia: Corral es el intendente y deberá asumir los costos de la jugada. Viotti es uno más en un bloque político con mayoría propia en el Concejo, pero al que todavía no controla como propio. Todavía está a por lo menos una elección de ser intendente, si ese fuera su objetivo, y de lidiar con la caja del municipio rafaelino, ya ajustada en sus ingresos, entre otras cosas, como consecuencia de la baja de recursos originada en el mal llamado "consenso fiscal" firmado por las provincias. Mientras tanto, su proyecto será tratado hoy en comisión en el Concejo, con la presencia de funcionarios municipales que asistirán con números en la mano para –se supone- tratar de desalentar la iniciativa. 
Ayer se conoció la respuesta de la EPE a la determinación adoptada por el municipio de Santa Fe, que deberá hacerse cargo de una factura de 70 millones de pesos por año aproximadamente. Según publicó el diario El Litoral, de la capital provincial, la EPE dejará de facturar a los usuarios en forma directa el consumo por alumbrado público desde el 22 de mayo.  En la misiva, la EPE también comunicó que será emitida a nombre de la Municipalidad de Santa Fe, la factura por consumo de electricidad del sistema de alumbrado público, correspondiente al plan 22, que mide la demanda entre el 6 de marzo y el 7 de mayo pasado. 
En cuanto al monto que deberá pagar la ciudad desde ahora, de acuerdo con una estimación realizada por el gobierno provincial, "en 2017 fue del orden de los $ 70 millones", según reveló El Litoral citando palabras del vocero de la EPE, Hugo Ceré.
De esta forma, los consumidores de la ciudad de Santa Fe ya no tendrán que pagar por el servicio a través de la tarifa de la EPE. "El ítem que no van a encontrar ahora los usuarios en su boleta es el que decía 6 por ciento, cuota de alumbrado público (CAP)", informó Ceré, y agregó luego: "Algunos de los más de 100 mil usuarios de la ciudad de Santa Fe lo van a poder verificar con la factura que les llegará a fin de mes y los demás, en las que le llegarán en el transcurso de los próximos 60 días". 
Sin embargo, en lo que dice el vocero de la EPE hay un error: lo que figura como Cuota del Alumbrado Público (CAP) en las facturas de la EPE no es el 6% de Derecho de Ocupación del Domino Público, sino un monto que varía según los usuarios y que está mucho más cerca del 10% de la tarifa básica. En el caso tomado como ejemplo por este diario: sobre un monto bimestral de tarifa neta de 2.456,53 pesos, el 6% de Ocupación de Dominio Público que percibe directamente el municipio (y del que se descuentan los consumos de las instalaciones del Estado local, desde las oficinas y organismos descentralizados hasta la iluminación de plazas y espacios verdes) excluyendo el alumbrado de calles y avenidas equivale a 147,37 pesos, mientras que el CAP es de 268,20 pesos. Además, el IVA que percibe el Estado nacional, del 21%, grava la tarifa básica más el CAP. 

Las consecuencias

Las decisiones políticas siempre tienen consecuencias. La de Corral fue una decisión política que deberá afrontar con el erario público del Estado local que gobierna, es decir, el municipio de Santa Fe. El presidente del directorio de la EPE, Maximiliano Neri, le informó a Corral a través de una carta con todas las formalidades que el caso demanda, que "a los efectos de la medición exacta de los consumos por dicho concepto (que deberá pagar la Municipalidad santafesina), ponemos a disposición nuestra oficina técnica para establecer los puntos de medición y las obras a realizar por parte de esa Municipalidad con el fin de posibilitar la colocación de los medidores correspondientes —continúa la misiva. Hasta tanto esas obras se encuentren ejecutadas y en condiciones de operatividad, se procederá a estimar los consumos del servicio bajo el mismo mecanismo que ha venido rigiendo pacíficamente la relación contractual entre las partes durante más de 20 años".
Es que la EPE no tiene medidores para calcular el monto del costo del alumbrado público. Es cierto que es un misterio cuál es el sistema que utiliza para hacer la liquidación correspondiente, pero ahora le tira al municipio de Santa Fe lo que ya viene haciendo desde hace muchos con los contribuyentes privados, que deben asumir el costo de las bajadas y las instalaciones de los medidores en cada domicilio. Ahora Corral deberá hacer que el municipio pague ese costo y resuelva la complejidad técnica que implica hacerlo, o bien remitirse al modo de cálculo que tiene la EPE. ¿Puede venirse una controversia legal en torno a esto? Es probable que se inicie una pulseada entre el municipio de Santa Fe y la EPE, en donde Corral jugará con las presiones: ¿quién se va a atrever a bajar la palanca del alumbrado público si el municipio no acepta las condiciones impuestas por la EPE y no paga las obligaciones que asumió cuando decidió romper el convenio para alinearse con el pedido del presidente Macri?
En otro párrafo, advirtió el titular de la empresa estatal que "la EPE se reserva el derecho de no otorgar nuevos suministros, sea a organismos municipales o por extensión de la red de alumbrado público, en caso de registrarse deudas por facturas impagas por cualquier concepto". Dicho en otras palabras: no bajaría la palanca, pero no autorizará ningún nuevo proyecto de ampliación de iluminación y le quitará toda la colaboración que cualquier municipio necesita para un servicio elemental. 
 "Suyo es que la Municipalidad (de Santa Fe) será responsable del mantenimiento de los postes, redes, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público, deslindado la EPE toda responsabilidad sobre los mismos. En caso de expansión del sistema de alumbrado público por parte de esa Municipalidad, previamente deberá presentarse a la EPE el correspondiente anteproyecto a los fines de evaluar su factibilidad".
Por último, la EPE le impone a Corral que desde ahora "será exclusiva responsabilidad del Municipio (de Santa Fe) ejercer el control sobre todas las instalaciones del alumbrado público que puedan poner en riesgo la seguridad e impedir las conexiones irregulares al mismo".

La propuesta de Viotti

Rafaela, a través del concejal Leonardo Viotti, propuso lo mismo que Corral. Pero entre lo que propuso Viotti y lo que promete recortar la EPE en Santa Fe capital hay una diferencia. El concejal rafaelino siempre admitió la sintonía de su proyecto con lo hecho por Corral, pero en esa línea explicó que su idea es recortar la Cuota del Alumbrado Público. El vocero de la EPE asegura, en cambio, que el usuario de la capital provincial dejará de pagar el 6% de Ocupación de Dominio Público. 
Partiendo de la base de que es el vocero el que se equivoca, el cálculo de "70 millones de pesos anuales" que Santa Fe tendría que poner, por el servicio de alumbrado para 100 mil usuarios aproximadamente, sería un cálculo más bien austero. Pero aún así, haciendo una estimación para más de 30 mil usuarios que tiene Rafaela, el monto que debería pagar el estado local sería superior a los 20 millones de pesos, sin contar la inversión varias veces millonaria que debería concretar en materia de instalación de medidores, bajadas, y todo lo que implica el mantenimiento del alumbrado público, desde las luminarias (la reposición de luminarias y columnas ya corre por cuenta del municipio) hasta los tableros de control, encendido y el cableado integral. 
Sobre el beneficio a recibir por los usuarios, cada uno podrá hacer una estimación de lo que le corresponde mirando su propia factura de consumos. Pero el impacto sobre las cuentas del Estado local sería fácilmente mensurable: unos 20 millones de pesos (el cálculo más austero posible) equivalen a la compra anual de 4 nuevos minibuses cero kilómetro, o a la construcción de 20 cuadras de pavimento por año; o a la reconstrucción con hormigón de más de 40 cuadras de concreto asfáltico por año, entre otros parámetros que se pueden establecer. Está en los concejales decidir si el Estado local debe hacerse cargo de esos costos para ponerle el cuerpo a los tarifazos, o hay otros caminos para defender a los consumidores y contribuyentes. 

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