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ESCUCHAS AL MINISTRO PULLARO

Jueces penales fijaron su posición y crece el escándalo

El magistrado que ordenó las escuchas dijo que no sabía a quién pertenecía la línea interceptada. Según los jueces, la fiscal que pidió la intervención, argumentó que había promesas de ascensos policiales a cambio de represalias a personal de la fuerza y también se referían a la utilización de contactos políticos para cargar contra los acusadores públicos.


sucesos
jueves, 09 de noviembre del 2017 | 04:00Hs

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Juez Nicolás Falkenberg: asegura que no sabía que la línea intervenida pertenecía al ministro Pullaro porque la fiscal nunca se lo dijo.

El Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Santa Fe justificó el accionar del magistrado Nicolás Falkenberg, quien autorizó la intervención del teléfono oficial del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades cometidas en la liquidación de las horas OSPE, como se conoce a los adicionales policiales, en épocas en que el exjefe de la Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, dirigía la policía del departamento La Capital.  En uno de los tramos más significativos de la declaración, los jueces sostienen que el pedido de la fiscal María Laura Martí, adjunta del fiscal Roberto Apullán en la investigación, obedecía a que en las escuchas que se le estaban realizando a Adrián Rodríguez en el marco de aquella investigación surgieron elementos consistentes en el sentido de que se estaban planificando “hechos de apariencia delictiva, tendientes a lograr mediante estrategias de ascensos jerárquicos en la plana policial (específicamente con Rodríguez) para en forma urgente tomar represalias con personal ...además de indicar la utilización de contactos políticos para que los acusadores públicos (fiscales del MPA) recibamos una advertencia por parte de las autoridades” superiores, es decir, el fiscal general Jorge Baclini y el fiscal regional, Carlos Arietti.
La institución que nuclea a los jueces penales judicial  reveló en su comunicado oficial que fue la fiscal María Laura Martí quien solicitó que se intervinieran cinco líneas telefónicas "con carácter urgente" a causa de una investigación sobre delitos contra la administración pública, falsificación de documento público, llevada a cabo por las autoridades de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Zona Centro Norte.
El comunicado sostiene sostiene "Habiendo tomado conocimiento por diversos medios periodísticos sobre la existencia de una intervención telefónica sobre la línea del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, en el marco de investigación por actos de corrupción llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación, hacemos pública la postura de los integrantes del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de esta ciudad de Santa Fe, en orden a que tomando contacto con las actuaciones jurisdiccionales, generadas a través de las diversas peticiones de los Fiscales (Roberto) Apullán y (María Laura) Martí –ambos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación–, se advierte la existencia de intervenciones a numerosos abonados, todas las cuales fueron suscriptas de manera indistinta por los diversos magistrados, y según los esquemas de turnos preordenados por la Oficina de Gestión Judicial, brindando en cada caso la fundamentación mediante el dictado de resoluciones judiciales que ordenan la medida".
Dicen los jueves que fue Martín “quien requirió la intervención de cinco líneas telefónicas con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la administración pública, falsificación de documento público, llevada a cabo por las autoridades de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Zona Centro Norte, haciendo alusión a anterior intervención autorizada por la doctora Sandra Valenti con fecha 22 de septiembre de 2017, petición que en un primer momento fue decretada por el magistrado, quien solicitó motivos concretos para justificar la intervención (decreto de fecha 29/09/2017), los que luego fueran aportados vía mail por la propia peticionante en dos oportunidades, aludiendo en una primera ampliación –del mismo 29 de septiembre– a la existencia de información ‘relevante para la causa, datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que –además de su importancia per se– revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso lo que incluye además la participación necesaria de individuos que a la fecha no revestían dicha calidad...’, destacando la necesidad de aprovechar "la fluidez en las comunicaciones, es imprescindible para continuar con la investigación, como así también establecer la titularidad de las mismas...".
El 30 de septiembre Martín cursó otra comunicación "aclarando con mayor precisión el entorpecimiento probatorio que se advierte de fluida actividad de una particular línea telefónica, la que fue autorizada por la doctora Sandra Valenti”. La fiscal advertía, en ese pedido, que “en las comunicaciones que efectúa esta línea en especial (la perteneciente al ministro Pullaro) se está llevando a cabo la planificación de comisión de hechos de apariencia delictiva, tendientes a lograr mediante estrategias de ascensos jerárquicos en la plana policial para en forma urgente tomar represalias con personal, además de indicar la utilización de contactos políticos para que los acusadores públicos recibamos una advertencia por parte de las autoridades".
Asimismo reitera la "necesidad de obtener la titularidad de las mentadas líneas telefónicas. Ante tales aclaraciones el magistrado dictó resolución judicial ordenando las intervenciones por entender justificados los motivos y argumentaciones brindadas por el agente fiscal a cargo de la investigación, sucintamente, la generación de actos tendientes a cometer delitos de manera inminente", destaca el comunicado del Colegio. .
"De lo expuesto surge que la peticionante consignó desconocer la titularidad de los abonados cuya intervención peticiona, situación esta que no obstaculiza la procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría de supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia alegada a tales fines", concluyó la declaración. 
El comunicado lleva las firmas de los jueces Jorge Patrizi, Susana Luna, Sergio Carraro, Nicolás Falkenberg, Luis Silva, Eduardo Pocoví, Jorge Pegassano y Néstor Candioti. 

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