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La deuda indígena


editorial
viernes, 10 de noviembre del 2017 | 04:00Hs

La prórroga a la Ley 21.160, se votó en diputados por unanimidad. La misma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, suspendiendo los desalojos hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral que se realiza ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Estado argentino.
Es cierto, los indios estaban primeros, pero en quinientos años es difícil establecer derechos hereditarios. Sin dudas hay una deuda con los aborígenes, pero reducirla a una cuestión catastral es, cuanto menos, sospechoso.
La deuda con estos ciudadanos es otra: una deuda de integración, de promoción social. Acciones que los igualen a otros ciudadanos sin confinarlos a la precariedad que los social que los hace objetivos fáciles de los aprovechados de siempre.
Es cierto que en los últimos meses había aumentado la inquietud entre muchas de esas comunidades frente a la posibilidad de desalojos, pero esto muestra también que quienes apuntaron a la situación perseguían objetivos políticos ya que en todos los años transcurridos no se ocuparon de que se concretaran los relevamientos en esas comunidades, los cuales dependen de la voluntad del Gobierno y su Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Una y otra vez son agitadas las banderas de la injusticia social con el argumento de los constantes intentos de empresarios y terratenientes de avanzar sobre las tierras, a las que ahora agregan el calificativo de «ancestrales». Esto puede o no ser cierto. También hay que ver muchos casos en que el reclamo aborigen está liderado por quienes no lo son y ni siquiera pertenecen a una etnia.
Lógico es que tengan derechos quienes siempre han vivido en un mismo lugar desde generaciones que los precedieron, pero no que advenedizos disfrazados se quieran aprovechar de la situación.
Es que la cuestión inmobiliaria ocupa y preocupa mucho más que la vida misma de los aborígenes, a quienes no se permite integrar a la sociedad plural, condenándolos a la organización tribal.
Nadie duda de la importancia de las tierras, pero plantear derechos sobre catastros en producción desde hace décadas, es puro oportunismo. Ni hablemos de los publicitados mapuches y su reclamo de la tercera parte del territorio nacional.
Sería interesante que quienes se declaran protectores de estas comunidades, no perdieran lastimosamente el tiempo, conservando así un elemento de apoyo electoral mediante el reclamo ad infinitum, y los ayudasen a acceder a la propiedad de la tierra. Pero no bajo el título de una nación o estado dentro del otro estado que es la República Argentina.
La pertenencia a una etnia no debiera ser diferente a la de los adherentes a las distintas colectividades que integran la nación. Y de igual forma, sus integrantes deberían haber tenido el derecho a cultivarse y progresar.
Es fácil reclamar vaguedades, pero olvidarse de las necesidades reales de aquellos a los que se dice defender.
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