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La edad de los culpables


editorial
sábado, 07 de enero del 2017 | 04:00Hs

La idea de llevar la imputabilidad de 16 a 14 años de edad generó reacciones en todos los sectores políticos y sociales. Era de esperar porque lo que se plantea no es una solución sino un parche, pero es a la vez producto del reclamo de mucha gente que vive jaqueada por los delincuentes de poca edad los cuales se saben inmunes e impunes. También parte del mundo del delito sabe que la utilización de menores los libera del riesgo carcelario y es así como los inician y utilizan.
En cierto modo el pedido de la Iglesia representa muchos otros, aunque algunos lo hacen desde una óptica política bastante perversa. Identificar a los delincuentes con los más pobres es una falacia que pretende justificar sus acciones por la marginación socio-económica. El pedido de la Iglesia es no convertir en "enemigos sociales" a los jóvenes infractores a la ley penal (un eufemismo para decir delincuentes). 
Aunque suene un poco extemporáneo que el Gobierno promueva en este momento el debate sobre la baja de edad de imputabilidad de los menores, suena extraño que la Iglesia se ponga en consejera electoral al decir: "No pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática". Hay muchas otras razones para – si así les parece – desaconsejar la medida. Quizá deberían poner más cuidado en sus reclamos ya que uno de ellos es "hacer cumplir" con los "derechos" de los jóvenes y, si bien es cierto que deben ser respetados parecería que a los que más hay que proteger es a quienes delinquen cuando, aún en los sectores de pobreza extrema, los que no lo hacen son mayoría. 
Desde la CEA acentuaron que "un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres" los cuales "cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral". No parece haber para ellos mayor diferencia entre los jóvenes que delinquen y los que no. Este enfoque que no es la primera vez que se repite. 
Si es difícil el ascenso social, laboral, económico para una persona joven, cuánto más si se lo victimiza no estableciendo diferencias con aquellos de su clase que no respetan los derechos de los demás que establece la ley. La CEA debería ser la primera en dejar en claro que ser pobre no implica ser delincuente.
Sería más claro que la Iglesia llevase su mensaje a las víctimas, la mayoría de las cuales no son ricos y a quienes la justicia pocas veces tiene en cuenta. Posiblemente la reducción de la edad de los imputados no cambiará en nada el problema del delito. Pero una medida desesperada debe ser confrontada con algún tipo de solución.
La sociedad, y en ella la Iglesia, se debate entre la vergüenza y la culpa. Siente la culpa como parte de lo que no ha sabido o no se ha animado a hacer, pero tiene vergüenza de reconocerlo. Si se exime a unos del cumplimiento de la Ley cómo se explicará a otros que es lo que deben hacer. Todas las organizaciones, civiles, religiosas o del tipo que sean se basan en un régimen de premios y castigos. Si alguien tiene una idea de cómo proponer excepciones, debería explicarlo muy bien.
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