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LO RECLAMA EL FORO DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE LA PROVINCIA

Pedirán a Lamberto que se presente en la Justicia contra los tarifazos

Además, senadores del mismo partido presentaron un proyecto para declarar la emergencia eléctrica por un año, con una serie de medidas, entre ellas la prohibición de que los aumentos tarifarios superen un indicador para cuya elaboración se propone una fórmula polinómica.


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sábado, 14 de abril del 2018 | 04:00Hs

Foto: Castellanos
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Se busca que Lamberto presente un recurso de amparo judicial contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que se retrotraigan las tarifas a noviembre de 2017.

El Foro de Concejales Justicialistas de la Provincia se reunió ayer en la capital provincial y resolvió pedir la intervención ante la Justicia de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, con el fin de retrotraer las tarifas eléctricas a noviembre. El encuentro, del que participó el rafaelino Jorge Muriel, además de una treintena de representantes justicialistas en concejos deliberantes de distintas localidades, dispuso emitir un documento y pedir formalmente al Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. Raúl Lamberto, que presente un recurso de amparo judicial contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el fin de lograr una medida cautelar que disponga la cancelación de las últimas quitas de subsidios nacionales y que se vuelva a aplicar el cuadro tarifario para el sector eléctrico correspondiente al mes de noviembre de 2017.
La decisión va en línea con lo que varios Concejos están discutiendo por estos días, y que en el caso de Rafaela se concretó el jueves, con una resolución impulsada por el oficialismo local en esa dirección. Ayer, Jorge Muriel indicó que "en la reunión estuvieron los diputados provinciales Leandro Bussatto, Patricia Chialvo y Germán Bacarella, que fueron tres de los que firmaron el proyecto unificado en la Cámara de Diputados, a partir de un pedido de la Multisectorial de Rosario. El consenso que salió de esta reunión de concejales justicialistas es apoyar desde los Concejos Municipales todo lo que se actúen contra los tarifazos. Y pedir una acción judicial de amparo".
En tal sentido, el legislador local sostuvo que "vamos a pedir que se haga un recurso de amparo porque entendemos que el Defensor del Pueblo tiene el deber de hacerlo, dado que tiene las herramientas para proteger a los usuarios santafesinos. Consideramos confiscatorio el valor del kw y hay que tomar medidas".
Muriel admitió que "no toda la culpa de la situación es de la quita de subsidios, porque la provincia también tiene su cuota de responsabilidad. Hay que clarificar cómo se compone la tarifa de la EPE y ver varias cosas. Nos cobran una cuota por alumbrado público que no se sabe cómo se liquida y varía de un mes a otro; hay un 40% de la facturación que corresponde a impuestos y tasas. Todo eso tiene que ser revisado. Y con urgencia, porque las boletas siguen llegando y la gente está muy angustiada, se le acumulan deudas impagables. Esto se replica en toda la provincia: en Venado Tuerto juntaron 20 mil firmas pidiendo que se dé marcha atrás con los tarifazos y la quita de subsidios".

 

Emergencia eléctrica

 

En tanto, los senadores del justicialismo también presentaron en la Legislatura un proyecto para declarar la "Emergencia Eléctrica" en la provincia por el término de un año, atendiendo al alto impacto en la población que tiene el incremento en el cuadro tarifario que aplican las empresa prestatarias del servicio. Las disposiciones serán aplicables a todos los prestadores que actúen en el territorio provincial.
En el artículo segundo se deja claramente expresado que los prestadores adecuarán los cuadros tarifarios vigentes a fin de que el incremento producido en cada uno de sus componentes no supere el Índice que surja de la aplicación de una fórmula polinómica de ajuste de tarifas que tendrá en cuenta para su elaboración los siguientes parámetros:
-En un 50 %: el aumento ponderado de la tarifa mayorista que abonan las prestatarias.
-En un 20 %: el incremento salarial acordado dentro de la paritaria para los agentes del Estado Provincial dentro del año 2.018.
-En un 20 %: el Índice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
-En un 10%: el incremento en otros rubros de costos de las prestatarias.
"Esta obligación abarcará también a las modificaciones de tarifas producidas a partir del último trimestre del año 2017 hasta la fecha de promulgación de la presente.
En caso de haberse facturado y cobrado a los usuarios aplicando tarifas superiores a lo autorizado por la presente, los prestadores deberán liquidar las diferencias a favor de los usuarios que serán considerados como pagos a cuenta en los periodos posteriores", dice el proyecto.
Además, la iniciativa otorga facultades al Poder Ejecutivo a aplicar las medidas tendientes a financiar los desequilibrios resultantes habilitando las partidas necesarias.
Finalmente, el proyecto define la creación, dentro del plazo de treinta días a partir de la promulgación de la norma, de "una Comisión Bicameral integrada por tres Senadores y tres Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, que establecerá su estructura interna, y que tendrá por objeto el análisis de las tarifas y los distintos ítems que la componen, contemplando en el análisis todas las tarifas aplicables a los distintos usuarios".
La Comisión deberá, en un plazo de ciento ochenta días, deberá elaborar un proyecto de reformulación del esquema tarifario, evaluando previamente los costos y gastos de cada una de las prestadoras a fin de emitir opinión acerca de las tarifas establecidas y medidas aplicables a fin de lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio.

 

El caso de Posadas
Luego de varios encuentros, la Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso presentó la semana pasada ante el Juzgado Federal 1 de Posadas un recurso de amparo y una medida cautelar con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución del Gobierno nacional que aprueba el nuevo cuadro tarifario para el mercado eléctrico mayorista.
La presentación solicita que la Justicia suspenda por un lapso prudencial la aplicación de esta normativa, y se ordene a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) retrotraer al cuadro tarifario anterior, de noviembre de 2017, los valores con los que vendía la energía a la empresa Electricidad de Misiones SA (EMSA).
El reclamo colectivo, que fue admitido por el Juez José Luis Casals, solicita también que se provea información clara y veraz a los usuarios para realizar una audiencia pública en la ciudad, y que se ordene al Estado Nacional establecer un valor de energía eléctrica diferencial para la capital provincial.
Ahora, será la Corte la que defina para Posadas y ese fallo -a favor o en contra- sería un antecedente a replicar en las otras ciudades que hagan la misma presentación.

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