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Un justo reclamo


editorial
lunes, 17 de julio del 2017 | 04:00Hs

En el mes de noviembre del año 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la quita del 15% de la masa de impuestos coparticipables por parte de la Nación a las provincias, una medida que durante gran parte de la administración de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández había perjudicado a las provincias, y por la cual el Estado santafesino, junto a San Luis y Córdoba, había reclamado ante la Corte Suprema.
Esa detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno nacional quitaba a las provincias se destinaba a financiar a la ANSeS, según lo previsto en un acuerdo federal de 1992. El fallo de la Corte ordenó a la Nación pagar a las provincias beneficiadas la suma de las cantidades retraídas desde 2006, sumado a los intereses. Para Santa Fe, según cálculos del Gobierno provincial, serían unos 40 mil millones de pesos, que a la vez deberían coparticiparse a los municipios y comunas, como se hace habitualmente con todos los impuestos nacionales.
La historia sobre este tema se puede resumir recordando que en 1992, se realizó el "Acuerdo entre Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" para revertir las cuentas deficitarias de la ANSeS. Se acordó una detracción del 15% a los impuestos coparticipables de las provincias para que, con esta suma, atender el déficit del organismo previsional -ratificado luego con la Ley 24.130-. Un año más tarde, la Nación se comprometió a "aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales". En los años siguientes once provincias -entre las que se excluyen Córdoba, San Luis y Santa Fe- transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. En 2006, la Ley 26.078 extendió el acuerdo hasta que se sancionara una nueva ley de coparticipación federal, como exige la reforma de la Constitución nacional de 1994. En los fallos sobre los casos de Santa Fe y San Luis, la Corte consideró que el artículo 76 de dicha ley es inconstitucional "por tratarse de una modificación unilateral del derecho intrafederal". Es decir que el Gobierno sancionó esta ley sin llegar a un acuerdo con las provincias y sin obtener de ellas el "respaldo necesario", como demanda la Constitución.
En ese dictamen de la Corte Suprema de Justicia, absolutamente inapelable, se fijó un plazo de 120 días para que la Nación negociara los términos y los plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias. Además, la Corte exigió el inicio un diálogo institucional para que se reglamente un nuevo Pacto Federal Fiscal, y así se llegue a un nuevo régimen de distribución de recursos entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La nueva ley de coparticipación federal, exigida en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional, se viene postergando desde hace más veinte años. Para poder modificar el régimen actual de coparticipación, que data de 1988, es necesario que todas las provincias aprueben la modificación.
Ninguna de las disposiciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se cumplió. De hecho, Santa Fe está viviendo una situación de discriminación en cuanto a la distribución de los recursos que resulta calcada a la que se afrontó durante el decenio kirchnerista, pese a las promesas en contrario formuladas por la administración Cambiemos.
El gobernador Miguel Lifschitz convocó para mañana a todas las fuerzas políticas de la provincia –que incluye a las que en su momento adhirieron al kirchnerismo, primer responsable de la situación de discriminación sufrida por Santa Fe; y a las que respaldan al actual gobierno, responsable de la discriminación presente- con el fin de reunir todas las opiniones para que Santa Fe, como Estado provincial, pueda elevar una propuesta de cancelación de las obligaciones, cosa que Nación no ha concretado hasta ahora. Como punto de partida, es una medida razonable que la provincia tiene todo el derecho a plantear, desde el momento en que su postura se encuentra claramente respaldada por un fallo judicial que corresponde –en nombre del tan declamado respeto a las instituciones republicanas y al federalismo- cumplir en todos sus alcances. Santa Fe necesita esos recursos, pero antes que la provincia, es el país el que reclama el cumplimiento de las promesas empeñadas. Porque desde la oposición siempre resulta fácil reparar las ofensas del autoritarismo y los abusos, pero parece que el ejercicio de la responsabilidad de gobernar transforma lo que parecía tan fácil de cumplir en una obligación imposible de aceptar, lo que lleva a repetir errores y abusos, lo que no puede ni debe admitirse. 

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